Un agente de la Comisaría Provincial de Burgos ha sido expulsado e inhabilitado de sus funciones por el Ministerio del Interior. La decisión llega después de que el agente fuera condenado por un delito de revelación de secretos. El policía de Burgos expulsado enfrenta una pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un período de un año.
La condena fue emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos, con fecha de 12 de enero de 2023. Según la resolución del 24 de julio de la Secretaría de Estado de Seguridad, la sentencia se ha vuelto firme, llevando al Ministerio del Interior a tomar la decisión de retirar la condición de funcionario del agente.
La pena impuesta incluye doce meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, además de la mencionada inhabilitación. El agente ha sido declarado culpable como autor penalmente responsable de un delito de revelación de secretos, cometido en su calidad de funcionario público.
La expulsión se lleva a cabo en línea con la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. Esta legislación establece las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera de la Policía Nacional, incluyendo la pena de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público de carácter firme.
Esta medida envía un mensaje claro y contundente sobre la integridad y la confidencialidad que se espera de los funcionarios en el cuerpo de seguridad.
El policía de Burgos expulsado pone de relieve la responsabilidad que recae en los agentes, así como el compromiso del gobierno para mantener la confianza y la transparencia en las fuerzas de seguridad.
La noticia de la expulsión se publicó este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), confirmando así la aplicación estricta de la ley en casos de mala conducta por parte de aquellos encargados de proteger y servir a la sociedad.
La acción tomada por el Ministerio del Interior refleja la seriedad con la que se trata la revelación de secretos dentro del cuerpo policial, asegurando que la confianza en las instituciones de seguridad se mantenga intacta. Es una respuesta firme y decidida a un caso que podría haber socavado la fe en la integridad de la fuerza policial.
