En los últimos meses, la violencia y el acoso por parte de grupos de extrema derecha han escalado peligrosamente, poniendo en el punto de mira a cualquiera que refleje ideas progresistas. Los ataques, que van desde pintadas intimidatorias hasta agresiones físicas, reflejan la creciente violencia ejercida por la extrema derecha en el panorama político español.
La última víctima de esta escalada ha sido Iratxe García, eurodiputada y presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. García denunció públicamente que aparecieron pintadas en los contenedores frente a su domicilio con mensajes como «puta, golfa, asco y decepción». Además, reveló que hace unos meses también sufrió el destrozo de los neumáticos de su vehículo mientras estaba estacionado en el mismo lugar.
La política vallisoletana, lejos de amedrentarse, ha reafirmado su compromiso y el de su equipo de seguir trabajando con «más firmeza y convicción». «Pretenden callarnos pero no lo van a conseguir», sentenció García en sus redes sociales. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil ya están investigando estos hechos, que se unen a una preocupante lista de incidentes similares.
Otro caso reciente es el de Olegario Ramón, secretario general del PSOE en Ponferrada y presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo. Ramón fue agredido por un grupo de ultras cuando se dirigía a la sede de su partido, donde fanáticos de extrema derecha llevan meses concentrándose. Dos individuos han sido detenidos en relación con este suceso.
El caldo de cultivo perfecto.
Estos ataques no son hechos aislados, sino que se enmarcan en un inquietante auge de movimientos ultraderechistas que promueven la confrontación y el odio. Líderes populistas como Santiago Abascal en España o Javier Milei en Argentina han normalizado una retórica incendiaria que algunos de sus seguidores más radicales interpretan como una justificación para agredir a sus adversarios políticos.
El ascenso de VOX y su creciente influencia han venido acompañados de un repunte de agresiones y amenazas contra representantes progresistas, activistas y colectivos vulnerables. Analistas políticos advierten del peligro que supone normalizar o minimizar las ideas y actitudes ultraderechistas, que apelan a la xenofobia, cuestionan las instituciones democráticas y enarbolan un nacionalismo exacerbado.
En este contexto, el ataque a Iratxe García, con esos insultos machistas y denigrantes de «puta, golfa, asco y decepción», supone una seria advertencia. Los discursos del odio tienen consecuencias reales y ponen en riesgo los derechos y libertades fundamentales. Es responsabilidad de todas las fuerzas democráticas hacer un frente común contra la violencia política, rechazando de plano los mensajes de odio que la nutren.
Casos como los de García y Ramón evidencian que la amenaza de la extrema derecha es real y cercana. Permitir que sus ideas se instalen en el debate público nos acerca peligrosamente a un escenario que creíamos superado. La respuesta debe ser contundente: tolerancia cero con quienes buscan dinamitar la convivencia democrática. Solo así podremos frenar esta deriva autoritaria que ya empieza a mostrar su cara más violenta.
